PCPC Lluitem pel derrocament del capitalisme i la construcció del socialisme-comunisme
Ante la actualidad del análisis y propuestas que se contienen en la Declaración conjunta publicada el pasado 30 de Julio, volvemos a publicarla de forma destacada para reiterar nuestra exigencia de que se garantice la seguridad de alumnos y docentes en el nuevo curso que empezará en septiembre.
Desde hace meses el profesorado está poniendo de manifiesto su preocupación por la vuelta a las aulas en septiembre, así como su malestar ante la falta de medios destinados a garantizar la salud del alumnado y, como no, también de ellos mismos como docentes y del conjunto de la Comunidad Educativa.
Se suceden comunicados públicos de organizaciones de profesores, sindicatos del sector educativo, ayuntamientos, directores de centros públicos de provincias enteras, manifestando la imposibilidad de garantizar la seguridad en los centros escolares, así como denunciando indefinición y dejadez de funciones, cuando no directamente un desconocimiento superlativo de la realidad de los centros educativos y sus necesidades más elementales, por parte de los dirigentes políticos del Estado, ya sean del Estado central o de las Comunidades Autónomas.
El profesorado denuncia que las medidas excepcionales a adoptar como consecuencia de esta situación excepcional provocada por la pandemia de la COVID-19 no pueden ser asumidas por los centros educativos por no disponer de competencias, como sería en materia de prevención de riesgos laborales, en asuntos relativos a la salud y, además, por no contar con recursos económicos. Ni el mantenimiento de las distancias de seguridad, la desinfección y la limpieza más intensiva, o el control y la investigación de los posibles positivos por COVID-19, mantenimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias exigidas, etcétera pueden ser asumidas por quienes no tienen ni competencia, ni presupuesto para ello. Y ante esta realidad, el profesorado se ve obligado a denunciar públicamente que el Estado –ya sea el Gobierno o las Comunidades Autónomas– no dudan en deslizar su responsabilidad sobre las espaldas del personal docente de los diferentes colegios públicos del país, advirtiendo de la imposibilidad de garantizar la salud de la Comunidad Educativa.
La COVID-19 ha puesto en evidencia la política de dotación de recursos económicos a la Educación Pública, de desmantelamiento de los servicios públicos para transferir dicha riqueza a los empresarios, a la banca. Y es que la esencia del Estado capitalista es esa: trasvasar riqueza a favor de la oligarquía financiera como consecuencia de quitárselo a la clase obrera.
El Gobierno, tras el final del estado de alarma, está escondido y las Comunidades Autónomas son ambiguas a la hora de concretar el cómo asumir las medidas que señala que se tienen que garantizar pues no está entre sus prioridades políticas ni en su naturaleza de clase dotar de recursos económicos y materiales a la Escuela Pública para que ésta pueda garantizar la seguridad en las nuevas condiciones que exige la pandemia de la COVID-19.
Para cumplir con la distancia de seguridad es necesario bajar la ratio de alumnos por profesor ( a un máximo de 15 por aula) , reduciendo los grupos y habilitando más espacios. Según los docentes, para hacer frente a la crisis sanitaria y proteger a la comunidad educativa se requeriría la contratación de unos 160.000 profesores y profesoras para el curso 2020/21. Sin embargo, entre todas las Comunidades Autónomas contratarán para el próximo curso a 14.500 nada más.
Asimismo, la política urbanística desarrollada por las diferentes instituciones políticas del Estado no sólo ha cedido suelo público para la construcción de colegios privados y concertados, descollando la Comunidad de Madrid o Cataluña, sino que no se han llevado a término la construcción de más colegios públicos como consecuencia de la situación económica. Es urgente dar prioridad a la construcción y mantenimiento de centros púbicos en los barrios obreros.
Y mientras la Escuela Pública no dispone de recursos económicos, mientras los servicios públicos se desmantelan, el Estado no duda en transferir fondos públicos a las escuelas privadas, de tal modo que España es uno de los países de la Unión Europea con menos escuela pública y más escuela privada y concertada. De hecho, el 68% de los alumnos escolarizados en España acude a un centro público, siendo la media europea del 81%. Gran parte de esos recursos económicos que el Estado niega a la Escuela Pública son transferidos a la enseñanza concertada, de tal modo que la Iglesia es propietaria del 60% de estos centros privados con plazas concertadas, constituyendo la educación no sólo una forma desde donde la Iglesia –en un supuesto Estado aconfesional– inocula su veneno ideológico a la infancia y a la juventud, sino que, también, constituye una fuente de financiación a costa del erario público.
La prioridad del Estado es clara. Hay que quitarle servicios y riqueza al pueblo para engrosar los bolsillos de la patronal, de la banca, en definitiva, del gran capital. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de “medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” por las que el Gobierno decidió movilizar 117.530 millones de euros de dinero público de los que 112.200 millones de euros fueron destinados para los empresarios, es decir, el 95,46%, por los 5.330 millones destinado a las clases populares y la clase obrera, o lo que es lo mismo el 4,54% del dinero público movilizado por el Gobierno.
Sin duda, los hechos y los datos demuestran no sólo la naturaleza clasista del Estado burgués, sino que dejan bien a las claras que las instituciones políticas del Estado –ya sean Comunidades Autónomas o Gobierno central– tienen como prioridad política transferir la riqueza a favor de la clase dominante, de la burguesía. Frente a gastos absolutamente innecesarios como los 20.000 millones de € comprometidos para compra de armamento, el mantenimiento de la Monarquía, o los más de 11.000 que, directa o indirectamente recibe anualmente la Iglesia Católica; exigimos una dotación prioritaria para la adopción práctica de todas las medidas necesarias para preservar la seguridad sanitaria en la comunidad educativa, manteniendo las ratios de calidad docente.
No nos encontramos ante un problema que afecte solo al profesorado. Este problema afecta a nuestros niños y niñas, a los hijos de la clase obrera, y por consiguiente, nos afecta a todos los trabajadores y trabajadoras . Los padres y madres deben implicarse y exigir al Estado que dote económica y materialmente a los colegios públicos para poder garantizar el derecho a la educación y el derecho al trabajo junto con el derecho a la salud que tienen todos los miembros que componen la Comunidad Educativa. Este problema trasciende el ámbito educativo y, también, afecta al mundo del trabajo. Es necesario que los padres y madres trabajadores puedan conciliar su vida laboral y familiar sin reducción de sus salarios y, además, de la exigencia de planes de conciliación en todas la empresas, es necesaria la subida de los salarios y que se garantice el derecho al trabajo. Y es que costes para garantizar la salud de los trabajadores están siendo sufragados por los maltrechos salarios de éstos. Por tanto, el coste de garantizar la salud del alumnado no debe recaer en sus familias. La situación a la que nos aboca la crisis sanitaria exige de una mayor participación de los padres y madres en la educación de los hijos y, así, también poder reducir los tiempos de estancia en las escuelas de los alumnos a lo estrictamente necesario. Por todo ello, toda la comunidad educativa, todos los trabajadores y trabajadoras del país, tenemos que movilizarnos para exigir al Estado que garantice la seguridad y la salud de la comunidad educativa en el próximo curso y destine para ello todos los recursos necesarios.
Tanto el Partido Comunista de los Pueblos de España (P.C.P.E.) como el Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.) actuaremos de manera unitaria y trabajaremos conjuntamente en esta lucha de profesores, padres y madres y de toda la clase obrera para que se garantice la seguridad de alumnos y docentes en el nuevo curso que empezará en septiembre. Sin duda, la lucha de la Comunidad educativa es la misma que la lucha de la Comunidad sanitaria, de los jubilados, de la juventud y, por consiguiente, es necesario que todas las luchas de los distintos sectores que componen la clase obrera se fundan en una única lucha de clase constituyendo un frente único contra la burguesía y su Estado, responsable de la situación que padecemos los trabajadores, que fortalezca la organización de la clase trabajadora y nos conduzca a la consecución del socialismo, que es la única solución para la resolución de los problemas que padecemos hoy los trabajadores y trabajadoras como consecuencia de las infames políticas desarrolladas por el Estado al objeto de salvaguardar los intereses de los monopolios, de los capitalistas y su moribundo y caduco sistema económico, el capitalismo.
Madrid, 24 de agosto de 2020.
