Manifiesto: no hay futuro posible en el marco de la UE

El mito de la Unión Europea (UE) como símbolo del capitalismo bueno, de rostro humano y del Estado del Bienestar ha sido uno de los instrumentos fundamentales para la domesticación del movimiento obrero en el Estado español.

Hoy, ante unas nuevas elecciones europeas, ninguna de las fuerzas políticas con representación parlamentaria habla de lo que ha supuesto, y supone, la pertenencia a tan selecto club, a pesar de que en los anteriores comicios, tanto IU como Podemos denunciaban el Pago de la Deuda y el sometimiento a las estructuras de la UE.

Tres años antes (en 2011) un gobierno del PSOE impulsó la reforma del artículo 135 que sometía al Banco Central Europeo (BCE) y al Comisión Europea (CE) los presupuestos de todas las administraciones públicas por “recomendación” de la Comisión Europea. Esta reforma exprés conllevó brutales recortes del gasto público, de las pensiones y las enésimas contrarreformas laborales. Ahora todo eso se ha olvidado.

En la Transición, los representantes políticos y sindicales de la “izquierda” sellaron la subordinación del movimiento obrero a la burguesía. Esta empleó unas veces el soborno, otras la represión y siempre la desmemoria. Poco después se vendió la pertenencia del Estado español a la Comunidad Económica Europea (CEE) como la entrada en el paraíso de los derechos sociales y laborales, ocultando que había sido una creación del imperialismo yanqui y de las grandes patronales europeas para destruir al movimiento obrero y al socialismo..

Ese idílico mensaje propagado unánimemente por las instituciones, los medios de comunicación y los dirigentes de los grandes sindicatos, caló hasta tal punto en la opinión pública que pudo esgrimirse el argumento de que, para entrar en ese edén, bien valía pagar el peaje de la entrada en la OTAN. Ambos hechos se produjeron, una vez más, bajo un gobierno del PSOE con mayoría absoluta.

A pesar de que el capitalismo internacional, bajo las llamadas políticas neoliberales, estaba procediendo desde los años 70 a liquidar derechos sociales, laborales y servicios públicos, aquí se continuaba con la cantinela de la entrada en el paraíso del “Bienestar”. Con el pretexto de la modernización se acometió una gigantesca destrucción de la industria, la agricultura y la ganadería: era la “reconversión”.

Algunos datos dan idea de las dimensiones del desastre. El 1975 el Estado español era la novena potencia industrial del mundo y la industria representaba el 36% del PIB; ahora no llega al 15%. La Deuda era el 7,3% del PIB; ahora es casi el 100%.

Se perdieron 2.700.000 puestos de trabajo de alta calidad y la “reconversión” costó a las arcas públicas más de dos billones de pesetas (más de 12.000 millones de euros),  además de los daños a la producción agropecuaria.

Esta enorme destrucción productiva respondía a una evidente planificación del gran capital europeo y estaba destinada a eliminar la competencia que pudiera entorpecer a los mercados de las principales potencias. Frente a ello, la resistencia obrera – a veces durísima y heroica – permaneció aislada. No hubo ninguna respuesta de carácter general hasta la huelga general de 1988 que no cuestionaba sino aspectos aislados del proceso. Los grandes sindicatos habían aceptado, desde los Pactos de la Moncloa, el discurso del enemigo de clase: la modernización y la competitividad.

Una tras otra las Directivas europeas iban impulsando las privatizaciones de los grandes monopolios públicos, banca incluida, aplicadas con entusiasmo por los sucesivos gobiernos de PSOE, PP, PNV y CiU. Esas mismas organizaciones colocaron a sus dirigentes en los consejos de administración de los nuevos trust privados e instauraron la corrupción masiva, mientras se ufanaban de que “España era el país donde más rápidamente se podían hacer grandes fortunas” y de que “la mejor política industrial es la que no existe” (Solchaga dixit). Para los representantes sindicales de la aristocracia obrera y de la autodenominada izquierda quedaban los lucrativos puestos en las Cajas de Ahorros, extendiéndose así a ellos las migajas de la corrupción, como se ha comprobado recientemente.

Todo resquicio de soberanía o de política alternativa al capitalismo desapareció con el Tratado de Maastricht (1992). Años después, el proyecto de Constitución Europea, que quedó en vía muerta tras su rechazo en Referéndum por los Países Bajos y, sobre todo por Francia, fue aprobado en España por un 76% de los votos, con una abstención cercana al 60%. Los dirigentes de las grandes centrales sindicales, a diferencia de la CGT francesa, pidieron el voto a favor “porque refuerza la capacidad sindical y beneficia a los trabajadores europeos”.

La supeditación absoluta a los designios del gran capital europeo a través del BCE y de la CE dio un paso decisivo con la implantación del Euro y de la Unión Monetaria (1999). La instauración de una política monetaria común entre países con niveles de desarrollo muy diferentes y ejercida con mano de hierro por el BCE – controlado por Alemania – ha tenido como consecuencia drásticos ajustes en los servicios públicos y en los derechos laborales. La clase obrera ha pagado con una enorme caída en sus condiciones de vida y de trabajo el ajuste entre economías dispares, a beneficio del capital financiero, sobre todo, alemán.

Aprovechando la crisis general desatada en 2008 y el enorme endeudamiento público – resultado como bien sabemos de la transferencia masiva de fondos públicos a la gran banca y a las multinacionales – se establecieron férreos mecanismos de fiscalización. La aceleración de las privatizaciones de los servicios sociales, junto al desmantelamiento de lo público mediante grandes recortes del gasto, las contrarreformas laborales y de las pensiones se garantizan mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución (agosto de 2011), la posterior convalidación parlamentaria del Tratado de Estabilidad de la Zona Euro (2012) y la Ley 2/2012. El Estado, la Seguridad Social, cada Ayuntamiento y cada Comunidad Autónoma, son periódicamente intervenidos por la Troika que asegura mediante todo tipo de coerciones y amenazas el cumplimiento de los objetivos de Déficit y el Pago de la Deuda.

¿Hace falta añadir más argumentos para llegar a la conclusión de que los programas políticos para las elecciones de quienes obtendrán representación, y que siempre son un monumental engaño, lo son además ahora porque ninguno de los partidos que obtendrán representación cuestiona la ausencia total de autonomía política en el marco de la UE y de la Zona Euro.

La UE y el engranaje institucional de la Unión Monetaria son, exclusivamente, instrumentos al servicio del gran capital financiero y de los monopolios. Sirven al objetivo prioritario del capitalismo en crisis: asegurar que los costes de la misma recaen sobre la clase obrera y las clases populares.

Quienes desde supuestas posiciones de “izquierda” reclaman la “vuelta del Estado del Bienestar”, cumplen el papel de servidores de las clases dominantes. Lo hacen, tanto porque respaldan sus mentiras, como porque – cumpliendo su papel natural – se afanan en dificultar que el movimiento obrero y popular identifique con claridad a sus enemigos y actúe en consecuencia.

A mantener el engaño de la UE como marco democrático en el que cabría ejercer la soberanía de los pueblos, contribuyen también las organizaciones independentistas que plantean ejercer el legítimo Derecho de Autodeterminación en su marco. Hemos vivido el ejemplo de Cataluña. Hemos visto cómo los gobiernos y las instituciones europeas miraban para otro lado ante la brutal exhibición de represión contra un pueblo indefenso realizada por unos aparatos del Estado atravesados por la herencia de la Dictadura. Se ha manifestado también con toda claridad la ingenuidad, o la trampa para los pueblos, que entrañan propuestas de independencia en el marco de la UE. Una vez más se ha impuesto la evidencia: es necesario articular la lucha conjunta de la clase obrera y de los pueblos del Estado español para liquidar el Régimen heredero del franquismo y por la República.

En el escenario de la crisis, cuyo próximo estallido se anuncia ya, con una UE debilitada por el Brexit, con sus principales potencias con graves problemas económicos y cuando las contradicciones entre el imperialismo norteamericano y el de las grandes potencias europeas se agudizan, es preciso que la respuesta de los pueblos de Europea a las nuevas agresiones, que sin duda vendrán, se articule sobre la base de arrojar a la UE al basurero de la historia. La unificación de las luchas obreras y populares concretas debe enmarcarse en la exigencia de No Pagar la Deuda, salir de la UE, del Euro y de la OTAN. Todo ello junto a la expropiación de la banca, de las grandes empresas estratégicas y la socialización de los recursos naturales, unidas a la planificación democrática de la economía.

Propuestas de ruptura como las que apuntamos, que señalan claramente a los responsables de tanto sufrimiento y muestran el camino a seguir, son las únicas que, con la coordinación necesaria, pueden permitir a los pueblos de Europa avanzar en la construcción de la fuerza necesaria para conquistar la soberanía y la democracia y acabar con el capitalismo y construir el socialismo.

Firma conjuntamente:

Iniciativa Comunista, Partido Comunista de España (Marxista-Leninista), Partido Comunista de los Pueblos de España, Unión Proletaria, Red Roja